PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo en la que se modifica el Código Penal, en su art. 31 bis ha introducido la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En diciembre del año 2010, entró en vigor esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, mediante una regulación extremadamente somera, y vino seguida de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, circular que debe ser utilizada como un marco de referencia en la evaluación de los programas de compliance en las empresas españolas.

Las personas jurídicas, además de las personas físicas que sean responsables de la comisión del delito, podrán ser condenadas por los Órganos Jurisdiccionales de orden penal, a distintas penas, todas ellas graves.

Esta Ley entra en vigor el 1 de Julio de 2.015 e impone la creación de Planes de Prevención de Delitos en todas las empresas para poder ser eximidas de responsabilidad penal, siempre que se haya adecuado y ejecutado con “EFICACIA” la aplicación de tales planes.

En lo que se refiere al ámbito de los negocios y la actividad empresarial, estos sistemas de atribución de responsabilidad a las personas jurídicas se articulan en función de criterios de "debido control" del cumplimiento normativo y la prevención del delito. Ello implica de facto una exigencia de carácter general que obliga a las empresas a implementar sistemas eficaces de supervisión y control, lo que frecuentemente se denomina por el término inglés de Corporate Compliance.

Habitualmente preexisten algunos precedentes específicos que venían exigiendo formas parciales o sectoriales de cumplimiento normativo, sobre todo en materia de blanqueo de capitales, de transparencia y buen gobierno de sociedades cotizadas o de prevención de acoso en el trabajo. Sin embargo, nunca antes se había impuesto un deber de compliance tan amplio como el que ahora nos ocupa, que abarca prácticamente todas las ramas posibles de la actividad empresarial y varias formas delictivas, desde delitos fiscales, de estafa, de cohecho o de alzamiento de bienes, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos societarios, delitos tecnológicos, delitos contra el mercado y consumidores, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, hasta delitos urbanísticos, contra el medioambiente/salud o de corrupción entre particulares.

El éxito de un sistema de Compliance no sólo depende de la prevención de riesgos penales, sino de un enfoque preventivo e integrado.