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CORPORATE COMPLIANCE

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

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COMPLIANCE LABORAL

SOLER COMPLIANCE LABORAL es la línea de negocio especialista en el cumplimento normativo laboral, desde la que prestamos servicios a todo tipo de entidades.  Desde aquí hemos ideado un programa de planes de igualdad y diversidad que establece un perfecto y completo sistema para las empresas en relación a sus actuaciones y necesidades, en el ámbito de las áreas de gestión laboral.

El área de COMPLIANCE LABORAL está focalizada en la elaboración de estudios e informes sobre las siguientes materias:

  • Diagnósticos de Igualdad y Diversidad
  • Planes de Igualdad y Diversidad
  • Auditorias Salariales: Brecha salarial/Registro salarial
  • Asimismo realiza diagnósticos de la operativa de la gestión de Recursos Humanos de una organización, filiales o centros de trabajo (Due Diligence laboral y de la gestión de Recursos Humanos, del rendimiento, absentismo y alineamiento con la estrategia empresarial).

 

MERCANTIL

Restructuración de empresas: Negociación acreedores ,art.5 bis Ley Concursal.

Ertes y Eres.

Liquidación y cierre de sociedades.

Secretaria on line de consejos de administración. Actas y certificados de acuerdos.

FORENSIC & CONSULTING

ARBITRAJE: El arbitraje es un sistema de resolución de conflictos alternativo a la Administración de Justicia para resolver los conflictos de los particulares que la Ley ha puesto al alcance de los ciudadanos a fin de que estos puedan poner fin a sus diferencias de forma pacífica mediante la intervención de un tercero neutral denominado “árbitro” quien resuelve la controversia a través de un “laudo” (vinculante y equivalente a una sentencia del juez) sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia.

Nuestros servicios de Arbitraje:

Arbitros:  A.E.A. especializado en derecho bancario y franquicias.

Informes periciales y asesoramiento en litigios

PERITOS JUDICIALES EXPERTOS:

Ámbito mercantil. Franquicias, bancario etc.

Ámbito civil y de familia :Herencias y liquidación del régimen de bienes gananciales por divorcio o separación

MEDIACIÓN:  mediadora en materia civil mercantil, penitenciaria y mediación organizacional.

La mediación, es la forma de resolver sus asuntos legales antes de llegar a los procedimientos judiciales por sus propios medios, solo con la ayuda de un Mediador siempre imparcial y ajeno a sus conflictos.

Son las partes las pueden iniciar la mediación, o bien puede ser sugerido u ordenado por el órgano jurisdiccional o en algunos casos porque la ley del estado lo establezca así.

El mediador no tiene intereses en ninguna de las partes, interviene en beneficio de ambas.

Solicita más información de nuestros servicios de mediación.

FORMACIÓN

Diseñar e implementar un programa de compliance es importante, sobre todo para mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales, pero no tiene ningún efecto si los/las ejecutiv@s y emplead@s no lo compran, si no lo conocen y lo ven como algo útil y ventajoso para ellos y para la organización

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Profesionales y aliados

CORPORATE COMPLIANCE

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El Compliance  ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización. Y aes una exigencia de mercado.

Para que dichos programas sean eficaces y consigan el fin previsto, es decir, la eliminación o atenuación de la pena, las medidas adoptadas por la empresa deben:

– Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos;

– Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos;

– Disponer de recursos financieros adecuados;

– Incorporar la creación de un canal de denuncia, canal de comunicación o líneas éticas, es decir, la posibilidad de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención;

– Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo y deberá verificarse periódicamente el modelo y sus eventuales modificaciones

BLOQUES NORMATIVOS

Ante la normativa vigente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, facilitamos a nuestros clientes corporativos (empresas e instituciones) un asesoramiento de calidad para la implantación de un Modelo de Prevención de Delitos Corporativos.
El Compliance Corporativo, es un concepto amplio que aglutina varios bloques normativos

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo en la que se modifica el Código Penal, en su art. 31 bis ha introducido la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En diciembre del año 2010, entró en vigor esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, mediante una regulación extremadamente somera, y vino seguida de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, circular que debe ser utilizada como un marco de referencia en la evaluación de los programas de compliance en las empresas españolas.

Las personas jurídicas, además de las personas físicas que sean responsables de la comisión del delito, podrán ser condenadas por los Órganos Jurisdiccionales de orden penal, a distintas penas, todas ellas graves.

Esta Ley entra en vigor el 1 de Julio de 2.015 e impone la creación de Planes de Prevención de Delitos en todas las empresas para poder ser eximidas de responsabilidad penal, siempre que se haya adecuado y ejecutado con “EFICACIA” la aplicación de tales planes.

En lo que se refiere al ámbito de los negocios y la actividad empresarial, estos sistemas de atribución de responsabilidad a las personas jurídicas se articulan en función de criterios de “debido control” del cumplimiento normativo y la prevención del delito. Ello implica de facto una exigencia de carácter general que obliga a las empresas a implementar sistemas eficaces de supervisión y control, lo que frecuentemente se denomina por el término inglés de Corporate Compliance.

Habitualmente preexisten algunos precedentes específicos que venían exigiendo formas parciales o sectoriales de cumplimiento normativo, sobre todo en materia de blanqueo de capitales, de transparencia y buen gobierno de sociedades cotizadas o de prevención de acoso en el trabajo. Sin embargo, nunca antes se había impuesto un deber de compliance tan amplio como el que ahora nos ocupa, que abarca prácticamente todas las ramas posibles de la actividad empresarial y varias formas delictivas, desde delitos fiscales, de estafa, de cohecho o de alzamiento de bienes, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos societarios, delitos tecnológicos, delitos contra el mercado y consumidores, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, hasta delitos urbanísticos, contra el medioambiente/salud o de corrupción entre particulares.

El éxito de un sistema de Compliance no sólo depende de la prevención de riesgos penales, sino de un enfoque preventivo e integrado.

El término Compliance es muy amplio y susceptible de utilizarse para designar modelos de organización orientados a cumplir obligaciones muy diversas. Por ello y ante la necesidad de disponer de directrices claras al respecto, lo que debe ser Compliance y el modo de desarrollar modelos eficaces ha venido establecido por reputadas normas internacionales, como los estandares internacionales recientes “ISO 19600 / UNE 19601 sobre Compliance Management System e ISO 37001 sobre Antibrabery Management System.”

Prevención del blanqueo de capitales Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan en un contexto internacional, es por ello importante conocer de dónde proviene la norma:

• La Declaración de Basilea de 12 de diciembre de 1988

• La Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transacional del año 2000 • El GAFI emitió la difusión de trabajo del concepto de lavado de dinero

• La Red de Control de Crímenes Financieros, que llo define como “desplazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo”

• Las sucesivas directrices de la Unión Europea en sus sucesivas aprobaciones, han ido intentando unificar el término “blanqueo de capitales” En el caso español se aprueba la ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales.

 

Se considera Blanqueo de Capitales alguna de las siguientes actividades que su objeto sea la adquisición de bienes y derechos que tengan su origen en un delito: · La conversión o transformación de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Normativas del Compliance · La ocultación o encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva. · La participación en alguna de las actividades mencionadas anteriormente, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

En este caso existen sujetos obligados a cumplir requisitos de Prevención y Control, mediante exigencias formales y materiale, como son: • Las Entidades Financieras • Los Servicios Postales • Profesionales de intemediación Financiera • Abogados y Procuradores • Promotores Inmobiliarios • Auditores de Cuentas • Notarios y Resgistradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. • Casinos de Juego • Comerciantes de joyas, obras de arte y antiguedades • Personas relacionadas con actividades de depósito, de gestión de loterías y juegos de azar • Fundaciones y Asociaciones • Gestores de Sistemas de Pago, compensación y liquidación de valores y productos financieros

Las actividades de Prevención y Control que se deben ejercer son: • El Analisis del Riesgo • La Diligencia Debida • El Control Interno • Ejercicio de las obligaciones de Información y Comunicación • La conservación de la documentacion

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (Vigente hasta el 13 de Noviembre de 2015).

 

Ley 24/1988, 28 julio, derogada por la letra a) del artículo único del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre) el 13 de noviembre de 2015.Ley 24/1988, 28 julio, derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre) el 13 de noviembre de 2015.

 

La necesidad de una reforma global del mercado de valores se ha puesto de manifiesto repetidas veces en los últimos años. Ya en el año 1978, la Comisión para el estudio del Mercado de Valores señalaba en su Informe los múltiples problemas y carencias de dicho mercado.

 

Aunque en los primeros años que siguieron a la publicación del Informe se abordaron algunas reformas, éstas tuvieron un carácter parcial y limitado, subsistiendo en gran parte los problemas allí apuntados, a los que se han ido sumando los propios de una evolución dinámica tanto de nuestro sistema financiero como de los de nuestro entorno.

 

La presente Ley pretende abordar esos múltiples y variados problemas asociados con la ordenación vigente de nuestros mercados de valores. Pero, además, aspira a dotar a todo el ordenamiento de los mercados de valores de una coherencia interna que hoy se echa en falta. El fuerte entrelazamiento de los distintos elementos que integran la Ley responde a una visión global de la ordenación de los mercados de valores cuya validez deberá demostrar la experiencia, pero que sin duda garantiza dicha coherencia.

 

Otro objetivo básico de esta Ley consiste en la necesidad de potenciar nuestro mercado de valores, ante la perspectiva, en 1992, de un mercado europeo de capitales y de una toma previa de posiciones a este respecto por diversos Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. El objetivo final es que nuestro mercado de valores esté en condiciones apropiadas cuando dicho mercado europeo llegue a ser una realidad.

 

Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

 

El presente texto normativo tiene por objeto la modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para incorporar al ordenamiento jurídico español las siguientes Directivas europeas: la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, la Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. Téngase en cuenta que la Directiva 2004/39/CE, mencionada en la presente norma, ha sido derogada, con efectos a partir del 3 de enero de 2017, conforme dispone el artículo 94 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE («D.O.U.E.L.» 12 junio).

 

La transposición de la Directiva 2004/39/CE supone una importante modificación del actual texto de la Ley del Mercado de Valores. En particular, se modifica el Título I «Disposiciones Generales»; el Título IV «Mercados secundarios oficiales de valores»; el Título V «Empresas de servicios de inversión»; el Título VII «Normas de conducta» y el Título VIII «Régimen de supervisión, inspección y sanción». Además, se añade un nuevo Título XI «Otros sistemas de negociación: sistemas multilaterales de negociación e internalización sistemática».

 

La Directiva 2004/39/CE establece el marco general de un régimen regulador para los mercados financieros en la Unión Europea, exponiendo, en particular, las condiciones de funcionamiento relativas a la prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares; los requisitos de organización exigibles a quienes presten esos servicios de inversión, así como los exigibles a los mercados regulados, los requisitos de información sobre las operaciones en instrumentos financieros efectuadas en el ámbito de la Unión Europea y los requisitos de transparencia de las operaciones con acciones que se negocian en mercados regulados.

 

Esta Directiva ha sido desarrollada por dos normas comunitarias de la Comisión Europea: el Reglamento 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva; y la Directiva 2006/73/CE de la Comisión por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva.

 

La presente Ley transpone tan sólo determinados aspectos muy concretos regulados en la mencionada Directiva 2006/73/CE. El resto de la Directiva se transpondrá a través de los correspondientes desarrollos reglamentarios de esta Ley.

 

Por otro lado, la Directiva 2006/49/CE se traspone parcialmente en esta Ley, en lo que se refiere a las empresas de servicios de inversión y a las entidades de crédito que prestan servicios de inversión. Se reforma, en concreto, su régimen de solvencia y la modificación afecta a artículos muy determinados del Título V «Empresas de servicios de inversión» y del Título VIII «Régimen de supervisión, inspección y sanción».

 

La Directiva 2006/49/CE, partiendo de los proyectos internacionales de armonización de la labor supervisora (Acuerdo de Capital de Basilea II de 2004), trata de aproximar la medición de riesgos realizada por el supervisor, para determinar las exigencias de recursos propios, a los propios mecanismos de medición de las entidades. Pretende, asimismo, estimular el desarrollo de adecuados procedimientos internos de gestión de riesgos en las empresas de servicios de inversión, y exige a éstas la divulgación ante el mercado de información relevante sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, exposición al riesgo y formas de gestión del riesgo.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, es objeto de una completa revisión y actualización, en la conciencia de que el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra norma penal. En general, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas para ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, y se introducen nuevas figuras delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes, con el fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delincuencia; del mismo modo se suprimen aquellas otras infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España.

 

EL SOBORNO, LA CORRUPCIÓN O LOS DELITOS DE COHECHO Y FIGURAS ANEXAS, SE TRADUCE EN :

 

“ofrecer, prometer, dar o aceptar una ventaja indebida para o por un funcionario público o un empleado o representante de una empresa privada, directa o indirectamente para obtener o conservar un negocio o una ventaja ilicita”

 

Las Medidas esenciales para evitar esos tipos de actos ilícito son:

 

1.- Adoptar una política anticorrupción

2.- Nombrar una persona para supervisar el cumplimiento contra el soborno

3.- Proporcionar capacitación al personal

4.- Realizar evaluaciones de riesgo del soborno

5.- Asumir debidas diligencias en proyectos

6.- Implementar controles Financieros y comerciales

7.- Presentación de Informes y Procedimiento de Investigación

 

Los elemento esenciales de una Política antifraude son:

 

1.- Explicación de los riesgos penales: fraude y corrupción

2.- Ejemplificación de las zonas grises

3.- Prohibición explícita de dar y recibir sobornos

4.- Prohibición explícita de falsear o proporcionar información inveraz

5.- Obligación de colaborar con las autoridades fiscales

6.- Obligación de mantener y registrar una imagen financiera y contable fiel

7.- Compromiso de cumplir con todas las leyes de los países donde se desarrollan sus operaciones

8.- Compromiso explícito de cumplimiento de restricción y control de pagos de facilitación

9.- Compromiso explícito de cumplimiento de restricción y control de pagos de regalos

10.- Fijación de cuantías máximas de gastos de representación y dietas

11.- Obligación de comunicar cualquier sospecha de un acto contrario a la política

12.- Advertencia de la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimiento

13.- Política pública y disponible

14.- Previsión de la actualización

 

UNA POLÍTICA ANTIFRAUDE, A PARTE DE REDUCIR ZONAS GRISES, SIRVE PARA ORIENTAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS EN ÁMBITOS POCO NÍTIDOS

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia

El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación. La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.

 

En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la creciente importancia de la defensa de la competencia, que se ha consolidado como uno de los elementos principales de la política económica en la actualidad. Dentro de las políticas de oferta, la defensa de la competencia complementa a otras actuaciones de regulación de la actividad económica y es un instrumento de primer orden para promover la productividad de los factores y la competitividad general de la economía.

 

Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado.

 

Con este objeto se promulgó la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, de 17 de julio, sobre cuya base se ha articulado un sistema basado en la existencia de dos órganos administrativos especializados de ámbito nacional para la lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia y el control de concentraciones económicas, el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia.

 

Desde su entrada en vigor, se han producido modificaciones, algunas de gran calado, y se han promulgado diversas normas de desarrollo. Además, se ha aprobado la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Finalmente, en los últimos años se ha producido una importante reforma del marco comunitario de defensa de la competencia, que ha fructificado en el nuevo Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y, sobre todo, en la modernización de la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia centrada en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.

 

En este marco, la presente Ley tiene por objeto la reforma del sistema español de defensa de la competencia para reforzar los mecanismos ya existentes y dotarlo de los instrumentos y la estructura institucional óptima para proteger la competencia efectiva en los mercados, teniendo en cuenta el nuevo sistema normativo comunitario y las competencias de las Comunidades Autónomas para la aplicación de las disposiciones relativas a prácticas restrictivas de la competencia según lo dispuesto en la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.

 

Para ello, la Ley parte de la experiencia adquirida en los últimos quince años mediante la aplicación de las normas nacionales y comunitarias de competencia y está guiada por cinco principios claros: garantía de la seguridad jurídica de los operadores económicos, independencia de la toma de decisiones, transparencia y responsabilidad frente a la sociedad de los órganos administrativos encargados de la aplicación de la Ley, eficacia en la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia y búsqueda de la coherencia de todo el sistema y, en particular, de una adecuada imbricación de los distintos planos institucionales que interactúan en este terreno.

 

La Ley se estructura en cinco títulos que regulan, respectivamente, las cuestiones sustantivas, los aspectos institucionales, la Comisión Nacional de la Competencia, las cuestiones procedimentales y el régimen sancionador.

 

El título primero recoge los aspectos sustantivos de los tres tipos de instrumentos principales de esta política: régimen aplicable a las conductas restrictivas de la competencia, principios del control de concentraciones y sistema de seguimiento y propuesta en materia de ayudas públicas.

 

Por lo que respecta al capítulo primero, relativo a las conductas restrictivas de la competencia, la Ley introduce cambios principalmente en tres líneas. En primer lugar, se aclaran y simplifican los diferentes tipos de infracción. En segundo lugar, se pasa del régimen de autorización singular de acuerdos prohibidos a un sistema de exención legal en línea con el modelo comunitario. En tercer lugar, se aclaran los efectos de la exención legal y el tratamiento de las conductas «de minimis».

 

En cuanto a los tipos de infracción, se mantiene la prohibición de los acuerdos entre empresas y del abuso de posición de dominio así como del falseamiento de la libre competencia por actos desleales, aclarándose la redacción de este último tipo. Sin embargo, se elimina la referencia específica al abuso de dependencia económica, que ya se encuentra regulado en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y puede, por tanto, incardinarse en el falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

 

En relación con el paso al sistema de exención legal, la Ley excluye de la prohibición aquellos acuerdos que reúnan determinados requisitos, en línea con los previstos en las normas comunitarias. En esencia, se trata de que las prohibiciones no sean aplicables a aquellas restricciones de la competencia proporcionales a los beneficios que generan en términos de eficiencia en la asignación de recursos y, por tanto, de bienestar general.

 

El cambio de sistema se completa con la desaparición de las autorizaciones singulares por parte de la autoridad de competencia y, por tanto, el paso a la autoevaluación por parte de las empresas del encaje legal de sus propios acuerdos.

 

Con el fin de reforzar su seguridad jurídica y a pesar de que la remisión a las normas comunitarias es consustancial a la práctica de defensa de la competencia en España, la Ley se refiere expresamente al papel de los Reglamentos comunitarios de exención por categorías en la aplicación de la nueva exención legal en el ámbito nacional. También se mantiene la posibilidad de que el Gobierno apruebe este tipo de exenciones para aquellos acuerdos que no afecten al comercio entre Estados miembros. Asimismo, se contempla un sistema en línea con el comunitario para las declaraciones de inaplicabilidad de las prohibiciones a una conducta concreta.

 

Finalmente, se extiende a todos los tipos de infracción previstos en este capítulo la exención de las conductas que resulten de la aplicación de una norma con rango de Ley y de las conductas «de minimis», entendidas como aquéllas que, por su menor importancia, no son susceptibles de afectar de forma significativa a la competencia, cuyas características se concretarán mediante el correspondiente desarrollo reglamentario.

 

En cuanto al capítulo segundo, relativo a los aspectos sustantivos del control de las concentraciones económicas, la Ley aporta novedades en tres ámbitos principales. En primer lugar, aclara y amplía el concepto de concentración a efectos de control, estableciendo un procedimiento «simplificado» para aquellas operaciones menos susceptibles de afectar a la competencia. En segundo lugar, flexibiliza el régimen de notificación obligatoria con efecto suspensivo en tanto no recaiga resolución favorable de la Administración. Finalmente, refuerza la participación de la Comisión Nacional de la Competencia en el control de concentraciones, limita el papel del Gobierno en el mismo y concreta los criterios de valoración sustantiva que guiarán las decisiones de ambos órganos.

 

En cuanto al concepto de concentración, la Ley centra su definición en la existencia de un cambio estable en la estructura de control, «de iure» o «de facto», de una empresa, e incluye todas las empresas en participación con «plenas funciones», unificando así el tratamiento de aquéllas con carácter concentrativo y cooperativo. Además de revisarse al alza el umbral de cuota de mercado y preverse un mecanismo para la actualización del volumen de negocios, se introduce un sistema de notificación «simplificada» para aquellas operaciones menos susceptibles de obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados, con una tasa reducida.

 

En relación con la flexibilización del procedimiento, la Ley mantiene el régimen de notificación obligatoria con efecto suspensivo pero prevé el posible levantamiento de la obligación de suspender la ejecución de la concentración en cualquier momento del procedimiento. Además, el tratamiento de las ofertas públicas de adquisición de acciones se alinea con el comunitario, de forma que la obligación de suspensión únicamente afectará al ejercicio de los derechos de voto inherentes a los títulos y no a la posibilidad de lanzar la oferta, siempre que se cumpla con los plazos de notificación previstos en la Ley.

 

Por lo que respecta a los criterios de valoración sustantiva, la Ley separa claramente los que guiarán la toma de decisiones por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, centrados en el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados, de aquellos en que podrá basarse la intervención del Gobierno, relacionados con la protección del interés general de la sociedad.

 

Así, por una parte se aclaran los elementos que valorará la Comisión Nacional de la Competencia, con sistematización de, entre otros posibles, los que se han venido considerando en los informes del Servicio y del Tribunal de Defensa de la Competencia hasta el momento, y con explicitación del tratamiento de las eficiencias empresariales y mantenimiento de la valoración de los aspectos cooperativos o de las restricciones a la competencia accesorias a las concentraciones. Por otra parte, se indican los criterios de valoración sustantiva que guiarán una decisión del Consejo de Ministros distinta de la de la Comisión Nacional de la Competencia, recogiéndose una lista no exhaustiva de criterios concretos.

 

El capítulo tercero se ocupa de las ayudas públicas. En este ámbito se completan las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, que podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas desde la perspectiva de la competencia con el fin de emitir informes y dirigir recomendaciones a los poderes públicos. Para ello, se establecen determinadas obligaciones de información a la Comisión Nacional de la Competencia y se prevé expresamente la posible participación complementaria de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas mediante la emisión de informes con respecto a las ayudas que concedan las Administraciones autonómicas y locales en el ámbito territorial de su competencia. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del sistema de control por parte de la Comisión Europea previsto en la normativa comunitaria.

 

El título segundo se ocupa del esquema institucional. El capítulo primero se refiere a los órganos administrativos competentes para la aplicación de esta Ley, con una novedad principal, la creación en el ámbito estatal de una institución única e independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia, que integrará a los actuales Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia que desaparecen. La Comisión Nacional de la Competencia presenta una estructura piramidal centrada en la existencia de dos órganos separados, la Dirección de Investigación y el Consejo, que realizan con independencia sus respectivas funciones de instrucción y resolución bajo la supervisión y coordinación del Presidente, apoyado en un conjunto de servicios comunes. En el capítulo segundo se prevén mecanismos para la coordinación de todos los órganos administrativos que intervienen en la aplicación de la Ley así como la coordinación con los reguladores sectoriales, con objeto de velar por la coherencia de la política de competencia, la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y la seguridad jurídica de los operadores económicos.

 

En última instancia, se establecen pautas para guiar las relaciones entre los distintos órganos que, naturalmente, podrán verse complementadas por los mecanismos informales que puedan establecerse de cara a lograr la adecuada coordinación en el ejercicio diario de sus respectivas competencias. Adicionalmente, se establecen mecanismos para la cooperación con los órganos jurisdiccionales en los procesos de aplicación de las normas de competencia.

 

El título tercero se refiere a la Comisión Nacional de la Competencia, órgano encargado de aplicar esta Ley, promover y proteger el mantenimiento de una competencia efectiva en todos los sectores productivos y en todo el territorio nacional. En este ámbito, la Ley se estructura en dos capítulos: el primero regula los aspectos generales de la Comisión Nacional de la Competencia y el segundo sus órganos de dirección.

 

En cuanto a los aspectos generales, recogidos en el capítulo primero, la Ley especifica en primer lugar la naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de la nueva Comisión Nacional de la Competencia, detallando su composición y recursos económicos. En segundo lugar, se recogen las funciones de la nueva Comisión Nacional de la Competencia, tanto instructoras, resolutorias y de arbitraje como consultivas y de promoción y armonización de la defensa de la competencia en los mercados. Finalmente, se incluye una sección sobre la transparencia y responsabilidad social de la Comisión Nacional de la Competencia, en la que se incide en la publicidad de todas sus actuaciones así como en la especial responsabilidad ante la sociedad por su actuación.

 

Por lo que se refiere al capítulo segundo, relativo a los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia, dos principios fundamentales rigen su diseño: la independencia de criterio de esta institución con respecto al Gobierno y la separación entre instrucción y resolución. Estos principios han de conjugarse además con la necesidad de coordinar adecuadamente las actuaciones de los órganos encargados de la instrucción y resolución, así como de asegurar la eficacia de la política de competencia como instrumento de política económica.

 

Por ello, la Ley especifica el régimen de nombramiento y cese de los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia, orientado a garantizar su independencia en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, la responsabilidad ante la sociedad por ellas.

 

Por otra parte, la Ley establece la independencia en el ejercicio de las funciones de instrucción o propuesta y resolución por parte de la Dirección de Investigación y del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, preserva la unidad de actuación y coordinación de todos los servicios y órganos bajo la dirección del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que cuenta con amplias funciones, entre otras, la jefatura de todo el personal, los planes plurianuales de inspección y presidir el Consejo de Defensa de la Competencia.

 

La labor de resolución del Consejo se centra en la adopción de decisiones sobre la base de las propuestas de la Dirección de Investigación en relación con los expedientes sancionadores o de control de concentraciones. En el ámbito de conductas restrictivas de la competencia, el Consejo es competente tanto para acordar el archivo o sobreseimiento de las actuaciones y resolver la terminación convencional como para declarar la prohibición e imponer las sanciones correspondientes y acordar la imposición de medidas cautelares.

 

Por su parte, la labor instructora de la Dirección de Investigación se centra en la incoación y tramitación de los expedientes, la elevación de propuestas al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, la elaboración de informes y la asignación de expedientes con otros órganos.

 

El título cuarto regula los distintos procedimientos tanto por conductas prohibidas como de control de concentraciones. En este ámbito, la reforma se guía por la búsqueda del equilibrio entre los principios de seguridad jurídica y eficacia administrativa. Así, se simplifican notablemente los procedimientos y se separa con claridad, la instrucción y la pura resolución, con lo que se elimina la posible duplicación de actuaciones y los recursos administrativos contra actos que pongan fin al procedimiento.

 

El capítulo primero recoge las disposiciones comunes a los procedimientos de conductas restrictivas, medidas cautelares y control de concentraciones. En concreto, se detallan las normas en cuanto a plazos máximos para las resoluciones correspondientes a los procedimientos especiales previstos en esta Ley así como las facultades de la Comisión Nacional de la Competencia para recabar información, realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley y los recursos que proceden.

 

El capítulo segundo regula el procedimiento sancionador por conductas restrictivas, con una fase de instrucción por parte de la Dirección de Investigación en la que se realizarán todos los actos precisos para el esclarecimiento de los hechos y se garantizará la contradicción y el derecho de defensa de los denunciados. Tras la elevación del correspondiente informe-propuesta, el Consejo adoptará una resolución, realizadas las actuaciones complementarias de la instrucción que considere precisas, las consultas previstas por la normativa vigente y, en su caso, una vista. En línea con la normativa comunitaria, la Ley introduce la posibilidad de que en dicha resolución se impongan condiciones estructurales.

 

En este ámbito, cabe señalar la flexibilización del régimen de terminación convencional, centrado en la propuesta de compromisos por parte del presunto infractor, la negociación con la Dirección de Investigación y la elevación al Consejo de una propuesta de resolución, siempre antes del informe-propuesta, que podrá ser adoptada sin necesidad de contar con el acuerdo del resto de interesados del expediente.

 

En cuanto a las medidas cautelares, la Ley flexibiliza y agiliza el sistema para su acuerdo, en cualquier momento del procedimiento y sin plazo máximo de duración.

 

El capítulo tercero se refiere al procedimiento de control de concentraciones. En este ámbito, la Ley mantiene las dos fases del procedimiento y los reducidos plazos que vienen caracterizando al sistema en España pero asigna la competencia para su instrucción y resolución a la Comisión Nacional de la Competencia. En la primera fase, que durará un máximo de un mes, se analizarán y aprobarán las operaciones que no planteen problemas de competencia. En la segunda fase se realizará un análisis más detallado de la operación, con participación de terceros interesados, con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adopte la resolución final.

 

En el procedimiento ante la Comisión Nacional de la Competencia se prevé, junto a la imposición de condiciones, la presentación de compromisos por parte de los notificantes para resolver los posibles problemas de competencia derivados de la concentración así como la posible consulta a terceros interesados sobre los mismos.

 

En caso de que la resolución del Consejo sea de prohibición o subordinación a compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y Hacienda dispondrá de un plazo de quince días para elevar la concentración al Consejo de Ministros para su intervención. El acuerdo final del Consejo de Ministros, debidamente motivado, que podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes tras la elevación del expediente, pudiendo solicitarse informe a la Comisión Nacional de la Competencia.

 

Finalmente, el título quinto recoge el régimen sancionador. En este ámbito, la Ley supone un importante avance en seguridad jurídica por cuanto realiza una graduación de las diversas infracciones previstas por la misma y aclara las sanciones máximas de cada tipo, fijadas en términos de un porcentaje del volumen de ventas totales de los infractores. Asimismo, se especifican los criterios que determinarán la multa concreta en cada caso, en línea con las tendencias actuales en el ámbito europeo. Además, se prevé la publicidad de todas las sanciones impuestas en aplicación de la Ley, lo que reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las resoluciones que se adopten.

 

También se introduce un procedimiento de clemencia, similar al vigente en el ámbito comunitario, en virtud del cual se exonerará del pago de la multa a las empresas que, habiendo formado parte de un cártel, denuncien su existencia y aporten pruebas sustantivas para la investigación, siempre y cuando cesen en su conducta infractora y no hayan sido los instigadores del resto de miembros del acuerdo prohibido. Igualmente, el importe de la multa podrá reducirse para aquellas empresas que colaboren pero no reúnan los requisitos para la exención total.

 

La Ley se completa con once disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. En particular, mediante las Disposiciones Adicionales se introducen modificaciones en determinadas normas jurisdiccionales y procesales con el fin de articular adecuadamente la aplicación privada de las normas de competencia por parte de los órganos de lo mercantil, una de las principales aportaciones de la presente Ley.

 

Así, la disposición adicional primera establece, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia de los jueces de lo mercantil en la aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, en línea con lo previsto en la normativa comunitaria en relación con los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea. Por su parte, la disposición adicional segunda modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de prever expresamente la participación de los órganos nacionales y comunitarios de competencia como «amicus curiae» en los procedimientos de aplicación de la normativa de competencia por parte de la jurisdicción competente así como diversos mecanismos de información para permitir la adecuada cooperación de los órganos administrativos con los judiciales. Finalmente, se prevé la posible suspensión de los procedimientos judiciales en determinadas circunstancias, cuando el juez competente considere necesario conocer el pronunciamiento administrativo para dictar una sentencia definitiva en aplicación de las normas nacionales y comunitarias de competencia.

 

Finalmente, la disposición adicional séptima modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para aclarar el régimen de recursos contra las resoluciones de los órganos nacionales y autonómicos de competencia así como el procedimiento de autorización judicial para el caso en que exista oposición a una inspección realizada en aplicación de la presente Ley.

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

 Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En este sentido, esta ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas. Se supera, asimismo, la ausencia de un único instrumento donde se regulen las normas aplicables al ejercicio de un alto cargo, que minaba el derecho de los ciudadanos a una información transparente, clara y comprensible de las condiciones aplicables al mismo.

 

Se trata, por lo tanto y por un lado, de incluir en una única norma las disposiciones relativas al nombramiento de los altos cargos, introduciendo nuevos mecanismos que garanticen la idoneidad del candidato, que permitan un análisis previo de la posible existencia de conflictos de intereses y que aseguren el control del órgano que tiene asignadas las competencias en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses.

 

Por otro lado, la ley también aclara el régimen retributivo, de protección social, de uso de recursos humanos y materiales así como de incompatibilidades que serán aplicables a los altos cargos incluidos en su ámbito de aplicación. De este modo, se solucionan problemas que han ido manifestándose durante la aplicación práctica de la normativa en esta materia.

 

Por último, la ley refuerza el control del cumplimiento de sus disposiciones, dotando al órgano competente para ello, la Oficina de Conflictos de Intereses, de nuevas competencias y medios para, como no podía ser de otra forma, desarrollar sus funciones con las máximas garantías de competencia, transparencia e independencia.

 

El Título Preliminar de la ley regula su objeto y ámbito de aplicación. A este respecto, se incluyen expresamente los altos cargos de los nuevos organismos creados: Presidente, Vicepresidente y resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, también se incluye a los presidentes, directores generales y asimilados del sector público administrativo, fundacional o empresarial.

 

El Título I regula las condiciones de nombramiento y ejercicio del alto cargo. Además de incluir expresamente la obligación de formación de los altos cargos, que deben conocer, por lo tanto, las obligaciones previstas en esta ley, se regulan los principios rectores que deben presidir su actuación: servir con objetividad a los intereses generales, desempeñar sus funciones con integridad, absteniéndose, por lo tanto, de incurrir en conflictos de intereses; objetividad; transparencia y responsabilidad y austeridad.

 

La ley aclara las condiciones para proceder al nombramiento de un alto cargo. Se introduce como novedad en este punto la idoneidad como requisito para el nombramiento de los altos cargos, tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad así como los de honorabilidad. Para ello, se regulan las causas por las que se considera que no concurre honorabilidad y, por lo tanto, no pueden considerarse idóneos para el desempeño de un alto cargo. La honorabilidad, además, debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones, por lo que su falta sobrevenida será causa de cese. La constatación previa de que se cumplen las condiciones de idoneidad para el desempeño del cargo se hará mediante una declaración responsable que deberá suscribir el candidato, que también deberá suministrar a la Oficina de Conflictos de Intereses, en caso de que así se lo solicite, la documentación que acredite dicho cumplimiento.

 

Los artículos relativos al régimen retributivo y de protección social recogen una materia regulada de forma dispersa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la normativa de Seguridad Social y de clases pasivas.

 

En lo relativo a la compensación tras el cese, su regulación se aclara, manifestando la incompatibilidad de retribuciones así como el control del cumplimiento de las condiciones que, en su caso, den derecho a su percepción. Por último, este Título también regula el uso de los medios humanos y materiales de los que dispondrán los altos cargos en el ejercicio de sus funciones. A este respecto, se delimita el uso de los gastos de representación, y se prevé expresamente que sus límites no podrán ser ampliados, así como el uso de medios de pago sobre los que es más difícil ejercer un control.

 

El Título II regula el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades a los que estarán sujetos aquellos que sean nombrados altos cargos. Por un lado, se recoge una definición de qué se entiende por conflicto de intereses y se introduce, como importante novedad, un sistema de alerta temprana para la detección de estos posibles conflictos. De nuevo, la Oficina de Conflictos de Intereses, como órgano especializado en la materia, será la encargada de señalar al alto cargo los asuntos o materias sobre los que, tras un primer análisis, deberá abstenerse en la toma de decisiones. Asimismo, se prevé que se aprueben y apliquen procedimientos internos que eviten que se den situaciones de conflictos de intereses y que, en caso de que se detecten, motiven la abstención del alto cargo.

 

La dedicación exclusiva al cargo sigue siendo la regla general, que sólo cederá ante determinados supuestos que permitan la compatibilidad con ciertas actividades de carácter público o privado. La norma recoge también expresamente la incompatibilidad entre la percepción de retribuciones como miembro del Gobierno o Secretario de Estado y miembro de las Cortes Generales.

 

Se refuerza también la regulación de las limitaciones en participaciones societarias en el sentido de que también será incompatible la participación en más de un diez por ciento en empresas que reciban subvenciones que provengan de cualquier Administración Pública.

 

En lo que respecta a las limitaciones al ejercicio de actividades económicas privadas tras el cese, se diferencian dos niveles, uno general y otro más intenso. El más intenso afecta a altos cargos de organismos y órganos supervisores o reguladores, que no podrán prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada por una decisión.

 

Por otra parte, la ley concreta la forma en la que los altos cargos deben efectuar su declaración de actividades económicas y su declaración de bienes y derechos, introduciendo como novedad la remisión del certificado de las últimas dos declaraciones anuales presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el certificado de la última declaración anual presentada del Impuesto sobre el Patrimonio. Si el alto cargo no estuviera obligado a presentar declaración por este impuesto cumplimentará un formulario equivalente que elaborará la Oficina de Conflictos de Intereses en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 

El Título III regula los órganos de vigilancia y control dotando a la Oficina de Conflictos de Intereses de una mayor garantía de competencia y elevando su rango administrativo y el control parlamentario del candidato elegido para el nombramiento. También se aclaran las funciones desempeñadas por la Oficina, potenciando la colaboración con otros organismos como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Registro Mercantil o el Registro de Fundaciones.

 

Asimismo, se concreta el contenido del informe que la Oficina de Conflictos de Intereses eleva semestralmente al Congreso de los Diputados con la información personalizada del cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las sanciones impuestas. La ley también regula la publicidad semestral del número de altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de altos cargos que no hayan cumplido sus obligaciones.

 

Otra importante novedad que introduce la ley es el procedimiento de examen de la situación patrimonial del alto cargo una vez que ha cesado en el ejercicio de sus funciones. A este respecto, se regula un informe que, a través de un procedimiento contradictorio con el propio interesado, deberá elaborar la Oficina de Conflictos de Intereses y en el que se analizará la situación patrimonial del alto cargo entre su nombramiento y cese para poder así detectar posibles irregularidades.

 

Por último, el Título IV recoge el régimen sancionador, regulando, entre otras cuestiones, la infracción por el incumplimiento del deber de abstención y la ampliación del plazo de prescripción de las infracciones y sanciones

Compliance en los sectores regulados Las obligaciones legales en materia de comercio electrónico son transversales, y aplican con carácter general a cualquier actividad relativa a la contratación a distancia mediante el empleo de medios telemáticos. Existen sectores de actividad que por su naturaleza están sujetos a requisitos regulatorios específicos. Los sectores regulados son aquellas áreas de actividad económica en los que convive el ejercicio de la actividad en libre mercado o libre competencia con el cumplimiento de exigencias o requisitos legales que no se exigen en los mercados completamente liberalizados. Estos requisitos pueden tener un gran impacto en los prestadores de servicios de la sociedad de la información que acometan el desarrollo de actividades relacionadas con estos sectores, así como a los potenciales consumidores y usuarios de estos servicios.

Los sectores de actividad regulados  en este caso, son los siguientes:

▪ Sector Financiero

▪ Sector Asegurador

▪ Sector Sanitario y Farmacéutico

▪ Sector de la Energía

▪ Sector del Transporte y Servicios Postales

▪ Sector de las Telecomunicaciones

▪ Sector del Juego

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Las nuevas tecnologías y la constante evolución de las comunicaciones electrónicas, hacen que la seguridad de dichas transacciones, trámites y comunicaciones de datos e información, se vean en muchos casos puestas en peligro debido a la rapidez con las que las mismas se desarrollan y la exposición de estas a una infinidad de ususarios de forma simultánea. En este ámbito de inceante crecimiento del uso por parte de los usuarios de las nuevas tecnologías y sobre todo de internet, cabe indicar que existen una serie de normas clave para salvaguardar los intereses de dichos usuarios y establecer un espacio seguro de transacciones electrónicas. Los elementos clave en este ámbito, de compliance en las nuevas tecnologías son:

• El incumplimiento con la normativa aplicable en la creación y uso de la página web corporativa

• Los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la prestación de servicios vía e-commerce

• La importancia de la firma electrónica en el ámbito de los servicios prestados a través de internet

• Los aspectos a tener en cuenta en materia de ciberseguridad

• El uso en el entorno laboral de las nuevas tecnologías

• Otra normativa adicional y específica que debe tenerse en cuenta en materia TIC 

Las actividades de Prevención y Control para este caso, se deben ejercer sobre las normas y protocolos siguientes:

• Privacidad y Protección de Datos

• Propiedad Intelectual

• Seguridad de la Información

• Sociedad de la Información Cookies, Redes Sociales, LSSI…

• Control Empresarial del uso de los recursos tecnológicos

• El uso de dispositivos personales con fines profesionales

• Firma Electrónica

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EL ASESOR CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO EN PELIGRO COMO PARTÍCIPE DE UN DELITO FISCAL

EL ASESOR CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO EN PELIGRO COMO PARTÍCIPE DE UN DELITO FISCAL

EL ASESOR CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO EN PELIGRO COMO PARTÍCIPE DE UN DELITO FISCAL” (TS 26-7-99 EDJ 19391)Las firmas que asesoran a empresas, pueden ser consideradas co-autoras o partícipes de los delitos de sus clientes y un pacto de buena conducta no les librará de ser investigados.

SOLO SE PODRÁ EXONERAR DE RESPONSABILIDAD PENAL EL ASESOR QUE IMPLANTE UN MODELO DE PREVENCIÓN PENAL, IDÓNEO Y EFICAZ.

Según el “Tribunal Supremo”, el empresario necesita la cooperación del “asesor fiscal” para cometer un delito fiscal, ya que por su profesión le permite aportar en la realización del delito unos “conocimientos técnicos” que no tiene el cliente, y que son eficaces en la realización del hecho que sin ellos no habría sido posible su ejecución (ts 26-7-99 edj 19391)

La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo en la que se modifica el Código Penal, en su art. 31 bis ha introducido la regulación de la “responsabilidad penal de las personas jurídicas” Las personas jurídicas, además de las personas físicas que sean responsables de la comisión del delito, podrán ser condenadas por los Órganos Jurisdiccionales de orden penal, a distintas penas, todas ellas graves.

Esta Ley entra en vigor el 1 de Julio de 2.015 como todos ya sabemos, e impone la creación de Planes de Prevención de Delitos en todas las empresas para poder ser eximidas de responsabilidad penal, siempre que se haya adecuado y ejecutado con “EFICACIA” la aplicación de tales planes.

Dos de los delitos de los que puede derivar Responsabilidad Penal en la persona jurídica, son el “Delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social “(Art.305 a 310 bis C), y el “Delito de Alzamiento de Bienes” (Art. 257.3 CP), entre otros.

De lo anterior surge la necesidad de que el asesor fiscal tome consciencia de la responsabilidad penal que le puede derivar del asesoramiento a sus empresas clientes, y en consecuencia de la necesidad inmediata de implementar, dentro de su propio negocio un “plan de prevención de delitos penales “para poder evitar dicha responsabilidad.

La conducta típica del “delito fiscal “consiste en defraudar, por acción u omisión, a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie, obteniendo indebidamente devoluciones en especie o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma. La Ley,  castiga como delito fiscal todo perjuicio sufrido por la Administración Pública y causado mediante ciertas formas de comisión:

1.     elusión de determinados pagos

2.    la obtención indebida de devoluciones

3.    el disfrute indebido de beneficios fiscales

La conducta típica puede tener lugar por acción o por omisión. De modo que cabe la elusión del pago por acción y por omisión, la obtención indebida de devoluciones por acción o por omisión y el disfrute indebido de beneficios fiscales por acción o por omisión. Por ejemplo, elude el pago por acción, quien falsifica la contabilidad y lo hace por omisión, quien se limita a no informar a la Hacienda pública del hecho imponible…

El art 305.6 del CP establece que:

“Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.”

Ya  son varias las sentencias, del TS, donde se afirma que el obligado tributario o “intraneus” se vale o sirve del asesor o “extraneus” para consumar la defraudación, aún para el caso de que su aportación sea necesaria e imprescindible dado que su profesión le exigen unos “conocimientos técnicos” al alcance de pocas personas -teoría de los bienes escasos- de tal modo eficaces en la realización del hecho que sin ellos no habría sido posible su ejecución.

La jurisprudencia contempla la posibilidad de que el “asesor fiscal” y cualquier otra persona distinta del obligado tributario, incluidos los inspectores de Hacienda, en tanto “extraneus”, pueda responder en calidad de partícipe-inductor, cooperador y cómplice. (TS 18-06-14, EDJ 117610). El Tribunal Constitucional indicó que la noción de fraude o defraudación del derecho penal, contiene los conceptos de simulación y engaño (TC 120/2005-48/2006). El delito fiscal “señala el Tribunal”,  describe una conducta que, a diferencia del fraude de ley, contiene un elemento esencial:

“la ocultación maliciosa de datos fiscalmente relevantes, ocultación fáctica consistente en la simulación o falseamiento de las bases imponibles.”

Sandra Soler Vidal

Abogada Corporate Compliance

# LA IGUALDAD COMO MODELO DE ESTRATEGIA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

# LA IGUALDAD COMO MODELO DE ESTRATEGIA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

La equiparación de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre en el mundo empresarial, debe ser una “META” para la organización. 

La ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y el nuevo R.D.L 6/2019 de 7 de marzo ,contemplan e impulsan los planes de igualdad y tienen como objetivos la minoración de la discriminación de la mujer en el ámbito laboral y la reducción de la brecha salarial y de la infrarrepresentación femenina y con ello las empresas aumentan su productividad y competitividad, mejoran su clima laboral y su imagen y atraen y retienen talento y en especial promueven la incorporación de las nuevas generaciones. 

Los planes de igualdad ya eran forzosos para las entidades de más de 250 personas trabajadoras y ahora lo son progresivamente obligatorios para todas las empresas, fundaciones y asociaciones con una plantilla entre 50 y 250 trabajador@s. 

En un plan de igualdad se analizan y evalúan diferentes materias como el acceso al empleo, la promoción y desarrollo, formación, derechos y medidas de conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, profesional y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, lenguaje no sexista, acoso y no discriminación. 

¿Nos podemos preguntar si los planes de igualdad sirven para algo? Nuestra respuesta es SI, por tanto su elaboración y su diagnostico nos permite tener una visión de las diferentes áreas de gestión laboral y poder medir y ser conscientes de como aplicamos la igualdad de trato y oportunidades en todas nuestras políticas y procedimientos en materia laboral. 

Los planes de igualdad promueven y fomentan medidas que favorecen la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar y laboral, advierten de la brecha salarial y previenen el acoso en el entorno laboral. 

Nuestro plan de igualdad deberá alinearse con los principios y valores de nuestra organización y nos ayudara a cumplir con la Agenda 2020 y con su ODS nº 5 de “la igualdad de la mujer” y por tanto este se convierte en un “instrumento estratégico” de nuestro departamento de RRHH. 

El reto es eliminar cualquier tipo de barrera, techo o prejuicio que estuviese ya preestablecido en nuestra empresa en relación a las mujeres y a los hombres. 

Elaboremos, implantemos y sensibilicemos a toda nuestra organización: directivos, plantilla de trabajadores y rlt en materia de igualdad y diversidad. 

La puesta en marcha de un plan de igualdad nos mejorara las encuestas de clima laboral y nos hace más estar mas concienciados con la igualdad y el respeto a nuestros compañer@s y evitando cometer infracciones graves y poder ser sancionados hasta casi 200 mil €. 

Madrid, 5 de noviembre de 2019. 

Fdo. Juan Arrese Romero-Rato 

Consultor políticas de igualdad y diversidad 

Soler Compliance 

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